Entre jornadas virtuales y presenciales que conformaron la audiencia pública en torno al proyecto PSJ, que tuvo amplia convocatoria, el pueblo mendocino se expresó mayoritariamente a favor del desarrollo del proyecto de cobre.
En total, se contabilizaron más de 9.000 expresiones ciudadanas, de las cuales 6.378 se manifestaron a favor y 3.056 en contra, lo que representa un 67% de respaldo al desarrollo de la iniciativa.
Organización y evaluación
La instancia, organizada por el Gobierno de Mendoza a través de la Autoridad Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Ambiente, se llevó a cabo en el marco de la Evaluación del Informe de Impacto Ambiental Minero (resoluciones N° 51/25 de la Dirección de Minería y N° 10/25 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental).
Tras las diez jornadas consecutivas de audiencias públicas, se habilitó un período adicional de cinco días hábiles para la presentación de opiniones vía correo electrónico, lo que amplió la participación y garantizó la incorporación de todas las posturas.
Dentro de las manifestaciones en contra se incluyó el acta notarial de la Asamblea del Agua, que presentó 1.592 adhesiones recolectadas el 2 de agosto, además de 856 correos electrónicos canalizados por esa misma organización y posteriormente remitidos a la dirección oficial. Todas las observaciones fueron incorporadas al expediente administrativo del proyecto.
Récord participativo
La audiencia pública se consolidó como un proceso inédito por su extensión y pluralidad, marcando un récord de participación ciudadana en Mendoza. El procedimiento se dividió en dos etapas: seis jornadas presenciales en la estancia Yalguaraz, en cercanías del área donde se planea desarrollar la mina, y una fase virtual que permitió la intervención de ciudadanos de toda la provincia y del país. De esta manera, se garantizó acceso, respeto y transparencia en cada exposición.
Al finalizar las intervenciones presenciales y virtuales, se abrió la instancia complementaria de correos electrónicos, reforzando la amplitud democrática del proceso y consolidando la validez de las manifestaciones ciudadanas.
Organismos intervinientes
El expediente del proyecto no sólo contiene las expresiones de la sociedad civil, sino también los informes técnicos de la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental y la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC).
A ello se suman dictámenes de múltiples organismos provinciales y nacionales, entre ellos: la Municipalidad de Las Heras, el Departamento General de Irrigación, las direcciones provinciales de Vialidad, Hidráulica, Transición Energética, Planificación Territorial, Bienes Registrables, Biodiversidad y Ecoparque, y Patrimonio Cultural y Museos, además de la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el EPRE, el Iadiza, el Emetur, el Segemar y los propios representantes del proyecto.
