El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, participó de la audiencia pública por las propuestas de modificación a la Ley de Glaciares, donde planteó la necesidad de adecuar la normativa al conocimiento técnico actual y al contexto productivo del país.
Finalmente llegó el día esperado para debatir en el Senado la modificación de la Ley de Glaciares, y, como era previsible, se vivió una jornada donde las acusaciones de los ambientalistas estuvieron a la orden del día, todo al ver como fracasaba su plan para que participen los cien mil anotados en la audiencia pública.
Siendo una minoría, Cacciola, uno de los grandes gestores de que esta Ley se esté debatiendo, destacó que el debate no debe plantearse como una oposición entre ambiente y desarrollo, sino como una oportunidad para fortalecer ambos objetivos de manera equilibrada. “Modificar la ley es clave porque el contexto productivo, tecnológico y ambiental ha cambiado significativamente desde su sanción. Sostener marcos rígidos frente a nuevas realidades puede impedir soluciones más eficientes que integren protección y desarrollo”, afirmó.
El presidente de CAEM subrayó que el espíritu de la ley —la protección de glaciares y del ambiente periglacial— “sigue plenamente vigente e incuestionable”. E indicó que la actualización permitiría incorporar evidencia científica acumulada y dotar a la ley de mayor precisión, distinguiendo con más claridad qué zonas requieren protección estricta y cuáles pueden desarrollarse bajo estándares ambientales adecuados.
Otro de los ejes de su exposición fue el rol de las provincias. Recordó que la Constitución establece que los recursos naturales son de dominio originario provincial y sostuvo que fortalecer la gestión local mejora la eficiencia en el control y la responsabilidad sobre el desarrollo sostenible, evitando decisiones centralizadas.
Representando a las empresas el experimentado empresario también hizo referencia a las oportunidades de empleo vinculadas a la minería, especialmente a la minería del cobre, que consideró clave para los próximos años: “La minería representa miles de empleos directos e indirectos, arraigo territorial y dinamización de economías locales. Hay proyectos que hoy no son viables bajo el marco actual y su postergación implica resignar trabajo y desarrollo”.
Asimismo, remarcó la capacidad de la minería para integrar a proveedores y cadenas de valor de distintas provincias—entre ellas Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires—, dado que la minería es “una actividad profundamente federal”.
Por último explicó que la modificación de la Ley de Glaciares constituye una pieza central para brindar un marco moderno y equilibrado, combinando protección ambiental, previsibilidad y capacidad de desarrollo: “No se trata de elegir entre ambiente o desarrollo, sino de tener ambos. Una ley mejor diseñada, con criterios técnicos claros, con mayor participación provincial y controles efectivos puede lograr ese equilibrio.”
Texto completo de la exposición de Roberto Cacciola
• Nos convoca hoy un debate profundo y necesario: la actualización de la Ley de Glaciares. Un debate que no debe plantearse como una dicotomía entre ambiente y desarrollo, sino como una oportunidad para fortalecer ambos objetivos de manera inteligente, moderna y responsable. Modificar la ley es clave porque el contexto productivo, tecnológico y ambiental ha cambiado significativamente desde su sanción, y sostener marcos rígidos frente a nuevas realidades puede impedir soluciones más eficientes que integren protección y desarrollo.
• En primer lugar: el objeto de la ley sigue plenamente vigente. La protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua es un principio incuestionable. Nadie en su sano juicio pretende retroceder en ese sentido. Lo que proponemos no es debilitar la ley, sino perfeccionarla, adaptarla a los desafíos actuales, incorporar conocimiento técnico acumulado y dotarla de mayor precisión para que cumpla mejor su propósito. Precisamente por eso, la modificación resulta necesaria: para pasar de una norma general a una herramienta más sofisticada, basada en evidencia científica, que permita distinguir mejor entre lo que debe protegerse estrictamente y lo que puede desarrollarse sin riesgo.
• En segundo lugar, debemos avanzar hacia una mayor autonomía de las provincias. Nuestra Constitución es clara: los recursos naturales son de dominio originario de las provincias. Son ellas quienes conocen su territorio, sus ecosistemas y sus realidades productivas. Fortalecer su rol no implica desproteger el ambiente, sino gestionar con mayor eficiencia, con controles más cercanos y con una responsabilidad directa sobre el desarrollo sostenible. Modificar la ley en este sentido es fundamental para corregir desequilibrios actuales, donde decisiones excesivamente centralizadas pueden generar parálisis sin mejorar la protección.
• El tercer punto es central: las enormes oportunidades para generar trabajo. Argentina atraviesa una situación que nos exige crear empleo genuino, de calidad y federal. La minería, particularmente la del cobre, representa una de las mayores oportunidades de las próximas décadas. No se trata solo de exportaciones, sino de miles de puestos de trabajo directos e indirectos, de arraigo en regiones alejadas de los grandes centros urbanos, y de dinamización de economías locales. Actualizar la ley es clave porque hoy existen proyectos inviables bajo el marco actual que podrían desarrollarse con estándares ambientales adecuados, y su postergación implica resignar empleo, inversión y desarrollo territorial.
• En cuarto lugar, quiero destacar el potencial de involucramiento de todo el entramado industrial argentino. El desarrollo de la minería del cobre no es un fenómeno aislado de algunas provincias cordilleranas. Es una cadena de valor que puede integrar a industrias metalmecánicas, tecnológicas y de servicios de provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, entre muchas otras. Estamos hablando de proveedores, de innovación, de transferencia tecnológica y de desarrollo industrial a escala nacional. La minería puede ser una palanca para reactivar sectores productivos en todo el país. Para que esto ocurra, es indispensable contar con un marco normativo más previsible y funcional: la modificación de la ley permitiría activar proyectos que hoy no avanzan, desbloqueando así toda la cadena de valor federal que depende de ellos. LA MINERÍA ES, EN SÍNTESIS, UNA ACTIVIDAD PROFUNDAMENTE FEDERAL COMO POCAS.
• Finalmente, lo que está en juego es nuestra capacidad de encontrar un equilibrio virtuoso. Cuidar el ambiente con estándares exigentes, pero también generar desarrollo, empleo y oportunidades. Una ley mejor diseñada, con criterios técnicos más claros, con mayor participación provincial y con controles efectivos, puede lograr ese equilibrio.
• No se trata de elegir entre ambiente o desarrollo. Se trata de tener ambos. De hacerlo bien. De hacerlo con responsabilidad, con evidencia y con visión de futuro. Reformar la ley permite superar esa falsa dicotomía y construir un marco donde la protección ambiental y el desarrollo productivo se potencien en lugar de excluirse.
• Argentina tiene los recursos, tiene el talento y tiene la oportunidad. Está en nosotros construir el marco adecuado para aprovecharla. La modificación de la Ley de Glaciares es una pieza central de ese marco: sin reglas claras, modernas y equilibradas, esa oportunidad corre el riesgo de quedar nuevamente postergada
