El Gobierno nacional busca actualizar la norma para atraer inversiones en cobre y litio
El Gobierno de Javier Milei anunció que impulsará una reforma de la Ley de Glaciares, una medida que apunta a dar previsibilidad al sector minero y a destrabar inversiones clave en cobre y litio. La propuesta, que será debatida en el Congreso a comienzos del próximo año, genera expectativa en provincias cordilleranas como Catamarca, que cuenta con 691 glaciares registrados, equivalentes al 4% de la superficie protegida del país.
La Ley de Glaciares, vigente desde 2010, establece los presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar, considerados reservas estratégicas de agua para consumo humano, agricultura y biodiversidad. Sin embargo, su falta de precisión técnica sobre los límites y categorías de protección ha sido motivo de reclamo por parte de los gobernadores del norte y oeste minero.
Según fuentes oficiales, la aclaratoria de la norma busca equilibrar la protección ambiental con la posibilidad de avanzar en la exploración y explotación de minerales estratégicos, particularmente en los proyectos de cobre y litio ubicados en la zona cordillerana.
Catamarca y las provincias mineras, en el centro del debate
La reforma surge en un contexto en el que los mandatarios provinciales reclaman mayor participación en la aplicación de la ley. Los gobiernos de San Juan, Catamarca, Jujuy y Mendoza sostienen que la definición actual del ambiente periglaciar es demasiado amplia y genera una parálisis en las inversiones, al no quedar claro qué zonas pueden habilitarse para el desarrollo productivo.
En el caso de Catamarca, el inventario realizado por el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) confirmó la existencia de casi 700 glaciares, la mayoría de tipo periglacial o de escombros, distribuidos en la región de alta montaña.
Los gobernadores argumentan que la autoridad de aplicación debería ser provincial, dado que la Constitución Nacional otorga a las provincias la potestad sobre sus recursos naturales. “Eso permitiría armonizar el cuidado ambiental con el desarrollo económico”, sostienen.
El impulso político y el interés inversor
Durante la última reunión de la Mesa del Cobre en Mendoza, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego propuso que el cambio podría realizarse incluso por decreto reglamentario, mientras que su par jujeño, Carlos Sadir, coincidió en la necesidad de que cada provincia defina sus propios parámetros de aplicación.
El presidente Milei también dejó clara su postura:
“Cada provincia debe poder determinar su zona periglaciar. Eso permitirá liberar áreas de desarrollo y atraer una gran inversión en minería”, afirmó durante el Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad, en Corrientes.
La iniciativa busca reducir la incertidumbre jurídica y acompañar los incentivos que ya plantea el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de acelerar la llegada de capitales a los proyectos de cobre y litio.
Una ley con 15 años de vigencia y debate
Sancionada en 2010, la Ley de Glaciares protege los cuerpos de hielo y permafrost, así como el ambiente periglaciar, prohibiendo la explotación minera, hidrocarburífera e industrial en esas zonas. También creó el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y monitorea todas las formaciones hídricas del país.
No obstante, la ambigüedad del texto sigue generando controversias entre las provincias, que reclaman una actualización acorde a las nuevas tecnologías y estándares ambientales.
Con la mirada puesta en el desarrollo minero sustentable, el debate promete ser uno de los ejes más intensos del próximo año legislativo, especialmente en regiones como Catamarca, San Juan y Jujuy, donde los proyectos de cobre y litio esperan una definición para avanzar.
