Aparentemente, y luego un compromiso formal de Mansfield, operadora de la mina de oro Lindero, la álgida polémica desatada en Tolar Grande pareciera tener solución a la vista.
Es que, como se informó, la minera revisaría la licitación del servicio de catering que originó el problema y abriría un nuevo concurso con proveedores locales.
El conflicto
Como lo venía informando Noticias Mineras, el conflicto se originó a raíz de que la empresa operadora de la mina de oro Lindero desplazó a un proveedor local y cedió el servicio de alimentación a una empresa que no estaba, en ese momento, radicada e inscripta en Salta como proveedora local.
El cambio de proveedor originó preocupación en la comunidad del departamento Los Andes, ya que 100 familias y varios pequeños proveedores podrían verse perjudicados.
Esto también disparó reacciones por parte de la comunidad, de instituciones locales como CAPEMISA (la Cámara de Proveedores de Salta emitió un duro posicionamiento) y del propio gobierno salteño, que vio con preocupación una posible evolución del conflicto a una escalada de graves consecuencias.
El compromiso de Mansfield
Ahora, en una reunión convocada por el gobierno de Salta, Mansfield se comprometió a iniciar una “nueva instancia de revisión técnica con los proveedores locales que habían participado en la licitación del servicio de catering en el proyecto Lindero”.
Esta etapa estará abierta hasta el 7 de agosto y permitirá a las empresas salteñas “reformular y mejorar sus ofertas bajo parámetros de equidad y competitividad”, como dijeron.
El encuentro
El encuentro fue encabezado por el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Martín de Los Ríos; la secretaría de Minería y Energía, Romina Sassarini; el coordinador de la Comunidad Kolla de Tolar Grande, Mario Alancay; el intendente de la localidad, Sergio Villanueva; representantes de Mansfield Minera S.A.; y el presidente de Capemisa, Federico Russo.
Luego de la reunión, desde el Ejecutivo comunicaron que «las firmas salteñas tienen la capacidad y la experiencia para responder a estos requerimientos, siempre que el proceso contemple condiciones justas de participación».