Días atrás, y en el contexto de la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares, sectores anti mineros denunciaron penalmente a la senadora salteña Flavia Royón por, como dijeron, connivencia con las empresas mineras.
Es que Royón, y su consultora habrían realizado y facturado trabajos para varias empresas mineras y le cuestionan, entre otras cosas, que no se haya excusado en la votación de la modificación de la norma en el Senado.
Ahora, ¿Qué hay detrás de la denuncia a la Senadora?
El tema es difícil de saber.
Resurrección
Lo que sí se evidenció es que, a partir del tratamiento de este proyecto en Diputados, sectores opositores a la minería “resucitaron” de manera milagrosa.
La minería venía transitando sus mejores épocas en el país, sin frentes conflictivos a la vista.
Los anuncios auspiciosos sobre inversiones, exploraciones y puesta en marcha de emprendimientos mineros estaban al orden del día.
Regreso extraño
Ahora, de manera extraña, volvieron los anti mineros, reinician protestas sociales en las comunidades y alzan la voz referentes del sector que estuvieron mucho tiempo callados, o simplemente hablando entre ellos y sus medios de comunicación.
Y esto pasa, de acuerdo a la historia, cuando la política mete mano.
Es el caso de Ignacio Viale, abogado “ambientalsita” y viejo conocido en este tipo de movidas.
Si la Senadora hizo algo indebido, deberá responder ante la justicia. Pero está claro que esta no es una movida aislada.
La denuncia
La presentación contra Royón fue realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que acusa a la legisladora salteña de negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho, a partir de su actuación legislativa en la reforma de la Ley de Glaciares y sus vínculos con empresas del sector minero.
Según el escrito, firmado por el presidente de la entidad, Enrique Viale, y patrocinado por varios abogados de la organización, Royón habría incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho.
La denuncia reconstruye la trayectoria de Royón en los últimos años, destacando que ocupó cargos clave en el área energética y minera tanto a nivel provincial como nacional.
Zelandez
De acuerdo con el planteo, en paralelo a esa carrera pública, Royón habría mantenido —o desarrollado— vínculos societarios y profesionales con empresas privadas del sector minero, en particular con la firma Zelandez, dedicada a la prestación de servicios tecnológicos e hidrogeológicos para proyectos de litio y otros minerales, y con la consultora Minenco SAS.
La denuncia sostiene que integró el directorio de Zelandez y tuvo un rol relevante en Minenco, empresas que asesoran a compañías mineras con proyectos en zonas alcanzadas por la legislación ambiental.
El núcleo de la acusación se concentra en la actuación de la senadora durante el tratamiento y la votación del proyecto que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Según los denunciantes, Royón impulsó activamente la reforma y votó a favor de la iniciativa sin excusarse, a pesar de que la modificación beneficiaría de manera directa o indirecta a empresas que son clientas de las firmas con las que ella estaría vinculada.
Entre los proyectos mencionados se encuentran emprendimientos de litio y cobre en Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan, impulsados por grandes compañías internacionales.
La presentación subraya que varios de estos desarrollos se ven actualmente limitados por la ley de glaciares vigente y que la reforma permitiría flexibilizar las restricciones en ambientes periglaciares, habilitando nuevas etapas de explotación.
Ley de Ética
Además, se plantea que Royón habría incumplido la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188), que prohíbe a los funcionarios intervenir en asuntos en los que tengan intereses personales o vínculos recientes, y exige períodos de abstención o carencia.
En ese sentido, la presentación remarca que la legisladora no se excusó del debate ni de la votación, pese a su cercanía temporal con cargos en el sector privado.
La Asociación también cuestiona una presunta omisión o irregularidad en la presentación de la declaración jurada patrimonial integral, obligación legal de los senadores nacionales.
En el tramo final, el escrito solicita una serie de medidas de prueba, entre ellas pedidos de información a organismos públicos, requerimientos a registros societarios, informes a la AFIP y al Senado, y allanamientos en sedes de las empresas mencionadas.
La entidad reclama que se instruya el sumario correspondiente y se investigue la eventual existencia de un concurso de delitos contra la administración pública.
La presentación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá analizar la admisibilidad de la denuncia y resolver si corresponde avanzar con la investigación.
