Una jueza de Salta ordenó a una empresa minera a suspender cualquier intento de ejecutar garantías bancarias, seguros de caución o aplicar descuentos unilaterales contra una empresa contratista, al considerar que esa decisión podría ocasionar un perjuicio económico irreparable antes de que se resuelva el conflicto judicial.
A esa decisión se suma une embargo preventivo sobre fondos de la empresa por 298.136 dólares, más otros 59.627 dólares estimados para cubrir intereses y costas.
Desde la minera, la empresa Posco, respondieron con un comunicado formal.
Cautelar
El tema estalló después que la justicia haga lugar a una cautelar presentada por una empresa de construcción salteña que acusa a la empresa POSCO, de rescindir de manera intempestiva un contrato millonario vinculado al proyecto de litio «Sal de Oro».
Según surge del expediente, la contratista sostuvo que durante la ejecución de la obra enfrentó múltiples inconvenientes ajenos a su responsabilidad, entre ellos problemas logísticos, falta de alojamiento para el personal, demoras en la provisión de materiales y modificaciones introducidas por la propia minera en el desarrollo del proyecto.
La minera dio por finalizado un contrato y, según los denunciantes, los perjudicó.
La empresa resolvió rescindir el contrato atribuyendo un supuesto abandono de obra.
Al analizar la documentación presentada, los magistrados entendieron que existían elementos suficientes para considerar que la liquidación del contrato todavía estaba siendo discutida entre ambas empresas.
Equilibrio de partes alterado
En la resolución, la jueza advirtió que permitir que POSCO ejecutara de manera unilateral las garantías contractuales mientras continúa esa discusión podría alterar el equilibrio entre las partes y provocar un daño económico de difícil reparación para la contratista.
Por otro lado, la empresa también deberá informar, en un plazo de cinco días, si inició gestiones ante bancos o aseguradoras para cobrar las garantías otorgadas por la contratista, debiendo detallar el estado de esos trámites.
La justicia espera que la empresa de capitales surcoreanos no perjudique a la salteña con el cobro de seguros y arruine el patrimonio de esta.
El comunicado de la empresa
En relación con la información publicada recientemente por distintos medios de comunicación, POSCO Argentina considera oportuno realizar las siguientes aclaraciones:
Sobre la controversia contractual
El caso corresponde a una controversia comercial entre POSCO Argentina y una empresa contratista vinculada a la ejecución de obras de infraestructura. Las partes mantienen diferencias respecto del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las liquidaciones correspondientes. En ese marco, POSCO Argentina también ha iniciado las acciones legales que considera pertinentes para resguardar sus derechos e intereses.
Sobre la medida cautelar
La información publicada respecto de un supuesto congelamiento de cuentas por varios millones de dólares no refleja la situación notificada oficialmente a la compañía. La medida cautelar vigente alcanza aproximadamente a USD 350.000, monto significativamente inferior al mencionado en algunas publicaciones.
Sobre las referencias al criterio del tribunal
Debido al receso judicial vigente en la Provincia de Salta, la compañía aún no ha podido acceder oficialmente a la totalidad de las actuaciones.
Por lo tanto, cualquier interpretación sobre una supuesta valoración del tribunal responde a manifestaciones de una de las partes y no a una decisión definitiva de la justicia.
