El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) se pronunció a favor del debate en torno a la adecuación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) y sostuvo que la iniciativa no implica un retroceso ambiental, sino una oportunidad para fortalecer la protección de los glaciares y del ambiente periglacial sobre bases jurídicas más claras, previsibles y acordes al federalismo consagrado por la Constitución Nacional.
A través de un comunicado institucional, el organismo remarcó que el objetivo central de la ley —la preservación de los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos— no está en discusión, pero advirtió que su aplicación práctica evidenció ambigüedades normativas que generaron conflictos e incertidumbre.
Claridad normativa y federalismo
Desde IADEM señalaron que la Ley de Glaciares contiene “definiciones y conceptos que en la práctica han demostrado un significativo grado de imprecisiones e indefiniciones”, lo que derivó en interpretaciones dispares, superposición de competencias y escenarios de inseguridad jurídica, tanto para los actores productivos como para las propias autoridades provinciales responsables de su implementación.
En ese sentido, el Instituto consideró que una adecuación normativa permitiría ordenar criterios técnicos, reforzar el rol de las provincias como titulares de los recursos naturales y mejorar la eficacia de las políticas de protección ambiental, sin afectar el bien jurídico tutelado.
Protección ambiental efectiva y previsibilidad
IADEM subrayó que avanzar en aclaraciones técnicas y jurídicas contribuiría a una protección ambiental más efectiva, basada en evaluaciones caso por caso, estudios científicos y marcos regulatorios claros. A su vez, destacaron que la previsibilidad normativa es un factor clave para la planificación de actividades productivas compatibles con el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible.
Finalmente, el Instituto remarcó que el debate debe darse en un marco institucional, técnico y federal, entendiendo que protección ambiental, seguridad jurídica y desarrollo productivo no son conceptos incompatibles, sino pilares complementarios para una gestión responsable de los recursos naturales del país.
Comunicado completo en la imagen
