Tras un arduo debate el Senado dio media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares con una votación más holgada de la esperada y ahora serán los diputados quienes tendrán la última palabra para este tema crucial para el desarrollo minero.
La situación no pintaba fácil, la batalla mediática había quedado en manos de los antimineros, pero las manos que valían fueron las que se levantaron para aprobar la modificación.
Este cambio es clave para poder desarrollar especialmente los proyectos de cobre que darán otra fisonomía a la industria minera nacional, con más empleo y desarrollo.
El debate en el Senado:
El Senado aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, impulsada por el Poder Ejecutivo, que redefine el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades productivas en determinadas áreas periglaciares previamente restringidas. La iniciativa fue aprobada con 40 votos afirmativos, 31 negativos y 1 abstención.
Al abrir el debate, la senadora Edith Terenzi (Despierta Chubut), presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable y miembro informante, detalló la cronología del trabajo en comisión. Mencionó que se convocó a expertos, funcionarios y científicos para «escuchar a todas las voces y sectores, incluido el Poder Ejecutivo» y calificó de «regresivas» a las modificaciones. En cambio, el senador Agustín Coto (LLA), también miembro informante, sostuvo que: «Después de 15 años estamos resolviendo dudas y normalizando una ley conforme a la Constitución Nacional y a lo que solicita la Corte Suprema. Si aquí hay una concesión, es a la ciencia y no a una industria en particular», sostuvo.
En el cierre de bloques, el senador Guillermo Andrada (Convicción Federal) adelantó su voto positivo y recalcó la necesidad de una ley de protección de glaciares y zonas periglaciares que sea clara pero no «estática». Defendió una normativa federal basada en una «regla de oro»: no afectar ninguna fuente de reserva hídrica. Finalmente, propuso que el monitoreo sea ejecutado por las provincias.
En ese sentido, el senador Flavio Fama (UCR) resaltó que el objetivo de la reforma es «compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y las competencias provinciales». Destacó, como un punto clave, que el proyecto plantee la participación de cada jurisdicción en la definición de sus recursos naturales, bajo un esquema de estándares mínimos coordinados. «Esto permitirá que la norma se aplique con homogeneidad en todo el territorio nacional; creo que el enfoque del Ejecutivo es razonable», concluyó.
En contraposición, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Justicialista), calificó de «irreversible» el impacto de la Ley sobre el futuro del país. Reclamó la falta de tratamiento y discusión porque «en menos de 24 horas se firmó un dictamen que al comienzo del debate fue puesto sobre nuestras bancas». Finalmente, lamentó que Argentina pase de ser vanguardia en la protección de glaciares a sufrir un grave retroceso en la materia .
La senadora Patricia Bullrich (LLA) concluyó el debate manifestando su apoyo al proyecto. Durante su intervención, afirmó: «Estamos cambiando profundamente a la Argentina porque no queremos discutir más esta lógica ridícula y retrógrada entre ambiente y economía que empobrece a los argentinos».
