El avance de los grandes proyectos mineros en Argentina abrió un nuevo frente de negociación entre las provincias y las compañías: cuánto empleo local generan y qué lugar real tendrán los proveedores de cada jurisdicción en la cadena de valor. El debate tomó fuerza después de dos cambios clave para el sector: la aplicación del RIGI y la modificación de la Ley de Glaciares, que según Bloomberg Línea reactivaron discusiones sobre reglas de juego, desarrollo territorial y participación local.
San Juan, en el centro de la discusión
La provincia que hoy aparece más expuesta en ese debate es San Juan, donde se concentran algunos de los principales proyectos de cobre presentados al régimen de inversiones y donde operan o invierten firmas como BHP, Barrick y Glencore. En ese marco, también se discute una Ley de Desarrollo Local Minero.
El ministro de Producción sanjuanino, Gustavo Fernández, sostuvo que a la provincia le preocupa que el empleo no quede radicado mayoritariamente en San Juan y que los proveedores locales puedan desarrollarse con base en el territorio, abastecer a los proyectos y luego escalar hacia otros mercados.
El espejo de Santa Cruz y los cupos obligatorios
Dentro del sector, uno de los ejemplos que se mencionan como antecedente es el de Santa Cruz, donde desde este año rige un esquema 90/10 para el empleo en industrias estratégicas. Esa norma exige que el 90% de la mano de obra sea residente provincial y deja solo un 10% para cubrir necesidades técnicas específicas. Además, para proveedores establece que al menos el 50% del monto total anual contratado en obras, bienes, insumos o servicios debe corresponder a proveedores santacruceños.
La postura de Catamarca: un esquema 70/30
Desde Catamarca, el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros, Manuel Gomez Bello, planteó que un esquema posible para la participación de proveedores podría ser el 70/30, al considerar que hace viable la minería y al mismo tiempo abre oportunidades para el entramado regional. También advirtió que el concepto de “proveedor local” no debería limitarse a una persona física instalada en la provincia, sino incluir alianzas estratégicas entre empresas nacionales y socios locales.
Gomez Bello también remarcó que la discusión no puede despegarse del problema de competitividad que enfrenta la Argentina. Según su planteo, las compañías saben que deben acompañar el desarrollo local, pero no están dispuestas a pagar más caro por eso.
Río Negro y AOMA piden más transparencia y presencia estatal
El ministro de Minería de Río Negro, Joaquín Oro, sostuvo que las operadoras deben mostrar con mayor transparencia cómo reclutan proveedores y personal. A partir de esa información, planteó que los gobiernos deberían identificar falencias y generar programas de capacitación para anticiparse a la demanda futura de los proyectos.
Desde el sindicalismo, el secretario general de AOMA, Héctor Laplace, pidió que también intervenga el Estado nacional para resguardar a trabajadores, proveedores y comunidades vinculadas a la actividad.
El RIGI ya fija un piso, pero el debate sigue abierto
Bloomberg Línea recuerda que el RIGI ya tiene un capítulo específico para proveedores: las inversiones deben presentar un plan de desarrollo que comprometa la contratación de proveedores locales para bienes y obras por un mínimo del 20% del monto total destinado a esos rubros. Sin embargo, el debate ahora pasa por cómo se compatibiliza ese piso nacional con leyes o exigencias provinciales más duras.
La industria pide reglas armonizadas
El artículo también recoge la mirada de la UIA, CAEM y el BID, que en un trabajo conjunto identificaron las capacidades que demandarán las inversiones proyectadas: US$ 40.000 millones en cobre y US$ 15.000 millones en litio. Entre los rubros con mayor potencial aparecen la metalmecánica, la química y petroquímica, los plásticos, la ingeniería, los servicios ambientales, la logística, el mantenimiento y las partes industriales.
Para ese sector, el desafío es que los proveedores argentinos estén en condiciones reales de ingresar a la cadena de valor, pero sin que la fragmentación normativa termine encareciendo los proyectos. Por eso, el planteo de fondo es armonizar las normas de compre local con el marco que hoy ofrece el RIGI.
Fuente: Bloomberg linea
