El proyecto que envió el gobernador de San Juan Marcelo Orrego a la Cámara de Diputados de la provincia en la búsqueda de proteger a los trabajadores y proveedores locales generó rápidamente el apoyo de la Cámara Minera de San Juan.
Hasta aquí nada que llamara poderosamente la atención, pero muchos se sorprendieron por el tenor del mismo, donde ya desde su titular reafirman la “importancia de impulsar el desarrollo de proveedores locales”, una frase que estaría bueno que la acompañaran con hechos y que no sea un eslogan políticamente correcto.
El asunto pasa porque el presidente de la Cámara Minera de San Juan es ejecutivo de Vicuña, empresa que acaba de “romper la estantería” al contratar a la empresa Power China para la construcción de su campamento, dejando de lado a los proveedores argentinos, generando un fuerte debate en el sector que recién empieza y no se sabe cuando va a finalizar.
Si ante la primera gran licitación la empresa actuó de esta manera, sin haber aprendido de los errores del pasado y poniendo en riesgo la licencia social que tanto costó conseguir, nadie puede asegurar que en el futuro cambiarán su postura en próximas licitaciones.
Y si el presidente de la Cámara es la cara visible y quien toma las decisiones de Vicuña, resulta ambiguo que el comunicado indique que tienen como objetivo “generar mayores oportunidades para empresas y trabajadores sanjuaninos vinculados a la actividad minera y de seguir ampliando la participación local en la cadena de valor del sector”.
En el mismo también elogian al sector político -que hasta ahora poco dijo de la decisión de dejar afuera a los proveedores locales- donde destacan desde la Cámara que “el debate legislativo de esta iniciativa dará continuidad a un proceso de trabajo que se viene desarrollando desde hace más de un año con la participación de distintos actores del ecosistema minero, entre ellos la Cámara Minera de San Juan”.
A su vez resaltan que “el proyecto presentado recoge aportes surgidos de ese intercambio y abre una nueva etapa de discusión sobre cómo potenciar el empleo, el desarrollo de proveedores y la generación de valor local asociada a la actividad minera”, nuevamente ignorando la decisión del presidente de la Cámara a la hora de tomar decisiones.
En esa misma línea valoran “la convocatoria a ese proceso y entendemos que el tratamiento legislativo representa una oportunidad para seguir enriqueciendo la propuesta a partir del diálogo entre los distintos sectores involucrados. San Juan atraviesa una oportunidad histórica asociada al avance de proyectos mineros de escala mundial, que demandarán progresivamente mayores capacidades, servicios, infraestructura y empleo en toda la cadena de valor”.
En ese contexto, consideraron importante que, “al sancionarse la ley, su reglamentación se construya sobre criterios alineados con las mejores prácticas internacionales en materia de desarrollo de proveedores y contenido local”, donde “la experiencia demuestra que los marcos más efectivos son aquellos que generan incentivos para fortalecer capacidades, mejorar la competitividad y ampliar la participación de empresas y trabajadores locales en la actividad”.
Por último indican que “el desafío es aprovechar esta oportunidad para que cada vez más empresas sanjuaninas puedan crecer, especializarse y fortalecerse, e incluso proyectar a integrarse a cadenas de valor de alcance nacional e internacional”, y que para ello, “será fundamental preservar condiciones de apertura, transparencia, competencia y previsibilidad que acompañen el desarrollo de inversiones de largo plazo”.
Todo muy lindo el comunicado, pero sería mejor menos palabras y más hechos por el bien de la minería nacional.
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