Este jueves se espera un arduo debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares, un tema que será un antes y un después para la minería nacional. SE espera un final cerrado en cuanto a la votación. De pasar el Senado la Ley tendrá su destino final en la Cämara de Diputados.
El oficialismo busca la media sanción de los cambios a la Ley 26.639 para potenciar inversiones mineras. Llega con un conteo ajustado y necesita al menos 37 votos para avanzar.
La Ley de Glaciares (26.639) se sancionó hace más de una década para establecer presupuestos mínimos en la protección de áreas con glaciares y periglaciares en todo el territorio argentino. Ahora, el Gobierno pretende aprobar una legislación para evitar sanciones judiciales por actividades de minería, hidrocarburos y litio en esos sectores.
El debate tendrá lugar este jueves, a partir de las 11, en la Cámara Alta. El tratamiento de la ley será dentro de las sesiones extraordinarias del Congreso, que finalizan el 27 de febrero.
Durante esa misma jornada, el Senado también discutirá otras temáticas de agenda: la Ley Penal Juvenil, la ratificación del acuerdo UE-Mercosur y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea y Bélgica.
Principales modificaciones legales
La iniciativa de reducir la protección en las reservas hídricas incentivó el debate con expertos en el tema y con organizaciones ambientalistas. El Ejecutivo sostiene, por su parte, que buscan “dar mayor previsibilidad a proyectos productivos” y ordenar las competencias entre Nación y las provincias.
Uno de los ejes centrales de la modificación es la reinterpretación del Inventario Nacional de Glaciares. Este sistema se centra en conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo para definir el estado actual de las reservas hídricas cordilleranas.
El instrumento se mantendría en vigencia, pero con menos alcance. Es decir, ya no bastaría con que una zona hídrica esté bajo protección para impedir actividades como la minería. Para que un glaciar o periglaciar no se toque, debería demostrarse que cumple funciones clave como reserva estratégica de agua o recarga de cuencas.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) expresó su respaldo a la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, al tiempo que insistió en la necesidad de introducir aclaraciones a la ley de Glaciares para definir con mayor precisión qué áreas constituyen efectivamente reservas estratégicas de recursos hídricos.
Postura de la Cámara Argentina de Empresas Mineras
La entidad sostuvo que el espíritu de la Ley de Glaciares 26.639 (preservar el agua dulce) cuenta con consenso unánime en el sector. Sin embargo, advirtió que no todos los glaciares ni todas las geoformas periglaciares cumplen funciones hídricas relevantes, por lo que consideran imprescindible avanzar en definiciones técnicas más precisas.
A favor de la protección, pero con precisiones
Desde la cámara remarcaron que la determinación de qué glaciares o ambientes periglaciares deben considerarse reservas estratégicas debería realizarse caso por caso, con base en estudios científicos y la opinión de expertos.
En ese sentido, plantearon que también debe clarificarse el rol de las provincias, dado que la Constitución Nacional reconoce a las jurisdicciones el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios.
Para la entidad, una redacción más precisa permitiría eliminar la incertidumbre regulatoria y generar condiciones para que proyectos productivos y obras de infraestructura se desarrollen respetando el cuidado ambiental y el recurso hídrico.
Diálogo federal como eje de la solución
La cámara citó además el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que al analizar la normativa señaló que la problemática vinculada a la Ley de Glaciares debe resolverse “por el diálogo federal antes que por la intervención de los jueces”.
En esa línea, CAEM destacó la importancia de avanzar en soluciones concertadas entre Nación y provincias, con el objetivo de proteger los cuerpos de hielo con función hídrica relevante sin impedir el desarrollo sostenible.
Agua y minería: los datos del sector
La entidad también buscó llevar “certezas” sobre el uso del agua en la industria minera, un tema que suele generar preocupación social.
Según los datos difundidos:
La minería genera actualmente más de 100.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, con potencial de duplicarse en los próximos años.
En regiones con actividad minera, alrededor del 93% del agua se destina a la agricultura, mientras que las industrias consumen el 7% restante.
Dentro de ese consumo industrial, la minería representa apenas el 1%.
Además, destacaron que entre el 70% y el 90% del agua utilizada en los procesos se recircula dentro de circuitos cerrados, lo que reduce la extracción de nuevas fuentes.
Controles ambientales y estándares internacionales
Desde CAEM subrayaron que los proyectos mineros operan bajo un marco regulatorio exigente. Para iniciar operaciones deben presentar un informe de impacto ambiental, en el marco de la Ley 24.585, que evalúa la interacción con el entorno y el recurso hídrico.
Estos estudios se actualizan cada dos años y son auditados por autoridades provinciales, con participación de organismos técnicos, universidades y, en muchos casos, comunidades locales.
La cámara agregó que las empresas incorporan estándares internacionales de sostenibilidad -como protocolos HMS/TSM, ICMM, ISO e IRM- que suman controles y mejoran la eficiencia en el uso del agua.
Minería en zonas cordilleranas y experiencias internacionales
La entidad sostuvo que la minería moderna puede operar en regiones de montaña sin afectar reservas hídricas, gracias a la planificación, la ingeniería y el monitoreo continuo.
Como referencia, mencionaron la experiencia de países con tradición minera como Canadá y Suecia, donde se combinan estándares ambientales con desarrollo productivo.
En el marco del debate legislativo, CAEM insistió en la necesidad de definiciones más precisas, especialmente sobre zonas periglaciares, para evitar que geoformas sin función hídrica relevante sean consideradas áreas estratégicas.
Según la entidad, contar con normas claras permitiría mejorar la protección ambiental real, al tiempo que favorecería la generación de empleo y el desarrollo económico.
La posición institucional concluye que la protección de glaciares y ambiente periglacial con función hídrica relevante no es incompatible con el desarrollo productivo, siempre que exista un marco normativo claro, controles efectivos y coordinación entre Nación y provincias.
En un contexto global marcado por el estrés hídrico y el cambio climático, la cámara reafirmó su compromiso con procesos eficientes y transparentes, con el objetivo de que la generación de empleo y la actividad económica convivan con la preservación de los recursos naturales.
Posturas contrarias a la modificación
Las críticas se centraron en los periglaciares, que son las zonas que rodean a los cuerpos hídricos. Su función es la regulación y el almacenamiento del agua.
Con la nueva ley, la protección hacia ellos se vería reducida y las provincias podrían dictaminar qué zonas preservar y cuáles no. Expertos advierten que cualquier alteración en esas zonas puede afectar indirectamente las reservas de agua.
En línea similar, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas marcó cuál sería el artículo “más regresivo de todo el proyecto”. Es el tercero y delimita que la protección no sería absoluta.
Dice que en caso de que una autoridad competente establezca que un glaciar o periglaciar no cumpla con alguna de las funciones previstas, no estarían alcanzados por las previsiones de la ley.
“De aprobarse la reforma, todos los glaciares y ambientes periglaciares pueden ser destruidos”, pronunciaron los expertos en la temática. La justificación radica en que solo consideraría para eliminar la protección “que el glaciar sea fuente de reserva estratégica o recarga de agua determinada políticamente por una autoridad provincial”.
Eso desecharía otras funciones ecosistémicas que cumplen: regulación del clima, de los océanos, uso de las comunidades o preservación de la biodiversidad.
Otro cambio destacado se refiere a las acciones comerciales que podrían realizarse en los glaciares. Hasta ahora, se encuentran prohibidas la minería y otras actividades industriales. Luego de la ley, se mantendrían las limitaciones, aunque cada provincia tendría la potestad de definir cuáles son “áreas de alteración relevante”.
Argumentos en contra
El primer reclamo vino desde la parte legal. El anuncio de la modificación en la ley vigente llegó a mediados de 2025 y lo tacharon de inconstitucional. Este argumento se sostiene hasta el presente. Tiene que ver con que altera un área que está contenida en una legislación mayor.
Glaciares se contemplan dentro del derecho al ambiente sano, garantizado por la Constitución. “Es un marco legal mayor. Una exigencia ambiental es el agua sana. Si contaminás el agua estás siendo inconstitucional”, opinaban ambientalistas en aquel momento.
Desde el ala política, el peronismo mayoritariamente se posiciona críticamente ante la desprotección de las zonas hídricas. Presentaron desde Unión por la Patria un “contraproyecto” a cargo de Eduardo Valdés.
Buscaría restringir la actividad minera e industrial en áreas de glaciares y periglaciares y reafirmar el valor de recurso natural estratégico de interés nacional para esos sectores. Eso priorizaría su preservación para consumo humano y riego por sobre cualquier interés económico.
El voto de los Senadores
Según trascendió, ayer hubo una reunión a puertas cerradas entre legisladores del PRO, bloques provinciales, la UCR y el oficialismo. Asistieron la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy y el secretario de Minería, Luis Lucero. El oficialismo todavía no conoce los votos en su totalidad y el apoyo no es uniforme por bloques.
La UCR, por ejemplo, considera que el proyecto es “apresurado” y no todos sus legisladores acompañarán a la iniciativa. Se espera que los senadores de Córdoba, Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero voten a favor. La decisión de Alejandra Vigo no se definió y podría oponerse a la iniciativa que impulsan los libertarios.
El cuerpo peronista más cercano a Cristina Fernández viene presentando serias rupturas en el Congreso. Actualmente no cuentan con autoridades dentro del Senado y las rupturas se exponen progresivamente según el tema que se trate.
En este caso, hay senadores del bloque oriundo de provincias mineras, como San Juan o Catamarca, que se posicionan a favor de reducir las zonas protegidas para permitir los proyectos que pretenden llevar adelante.
La reformulación de la ley es una actividad de gran interés para gobernadores que podrían obtener grandes beneficios a partir de la modificación. Entre ellos, nuevas inversiones y más ingresos vinculados a la minería.
Las provincias cordilleranas de San Juan (gobernada por Marcelo Orrego), Jujuy (mandato de Carlos Sadir), Mendoza (con Alfredo Cornejo), Salta (dirigida por Gustavo Sáenz) y Catamarca (Raúl Jalil) impulsaron la propuesta. Reúnen 5 senadores y 13 diputados entre todos.
