Salta apenas exploró el 1% de la Puna y, para el Gobierno provincial, ese dato muestra que la minería todavía tiene un amplio margen de crecimiento. Así lo planteó el secretario de Minería, Gustavo Carrizo, quien sostuvo que la provincia puede tener actividad minera de largo plazo si logra que las inversiones se traduzcan en desarrollo local.
Un potencial todavía abierto
Durante una entrevista citada por Minería Sustentable, Carrizo remarcó que la discusión no pasa solo por atraer capitales, sino por definir qué queda en el territorio cuando los proyectos avanzan. En ese marco, afirmó que la provincia busca inversiones, pero bajo condiciones que prioricen el desarrollo y el arraigo.
Desarrollo y arraigo como condición
El funcionario explicó que la minería salteña se sostiene sobre cuatro actores: sector público, sector privado, sociedad civil y comunidades. Según planteó, si alguno de esos sectores queda afuera, el esquema pierde viabilidad. También advirtió que la actividad no puede avanzar de espaldas a la realidad de la Puna, donde todavía persisten problemas de infraestructura, conectividad, servicios básicos y empleo.
Licencia social y presencia del Estado
Carrizo sostuvo además que la licencia social no es un dato permanente, sino una construcción constante. Por eso, defendió la presencia activa del Estado en el territorio y mencionó la apertura de una oficina itinerante para informar y escuchar a los vecinos de los municipios mineros.
Qué debe dejar la minería en Salta
Según el secretario, el objetivo de la provincia no es solamente exportar minerales, sino también generar empleo salteño, proveedores locales, infraestructura y conocimiento técnico. Esa definición volvió a poner sobre la mesa una discusión de fondo: cuánto del movimiento económico que genera la minería logra quedarse efectivamente en la provincia.
Una oportunidad de largo plazo
La lectura oficial es que Salta tiene margen para sostener la actividad por muchos años, pero que ese potencial solo podrá consolidarse si el crecimiento se ordena con criterios de desarrollo territorial, control ambiental y participación comunitaria. En esa línea, Carrizo repitió una idea que sintetiza la posición del Gobierno provincial: “desarrollo y arraigo” como condición para sostener el modelo minero.
