El proyecto Vicuña quedó en el centro de una fuerte disputa entre San Juan y La Rioja luego de la medida judicial que ordenó frenar por 30 días las actividades vinculadas al emprendimiento y bloquear el tránsito de vehículos asociados al proyecto por territorio riojano. El conflicto abrió un nuevo frente político, judicial y productivo en torno a uno de los desarrollos cupríferos más relevantes de la región.
Un fallo que reavivó el conflicto
La decisión fue tomada por la jueza María Greta Decker a partir de un reclamo del Gobierno de La Rioja, que sostuvo que la empresa no presentó una Evaluación de Impacto Ambiental para el tramo del camino utilizado dentro de esa provincia. En ese planteo, La Rioja advirtió por posibles efectos sobre suelos, cursos de agua, infraestructura vial y biodiversidad, y logró que se dispusiera la suspensión del tránsito y la paralización por 30 días.
CASEMI salió al cruce y hablo de impacto regional
Tras conocerse la resolución, la Cámara de Servicios Mineros de San Juan expresó su rechazo y cuestionó el trasfondo de la medida. A través de su presidente, Juan Pablo Delgado, la entidad sostuvo que la decisión no respondería a razones técnicas o ambientales, sino que tendría un componente político, y advirtió que el freno golpea no solo a la operadora sino también a trabajadores, contratistas y proveedores de ambos lados de la cordillera provincial. La cámara remarcó además que el proyecto representa una inversión estimada en US$ 11.000 millones.
El camino, el punto más sensible de la disputa
Detrás del cruce hay un dato clave: aunque el proyecto se desarrolla en San Juan, parte de su acceso logístico más viable pasa por territorio de La Rioja. Ese corredor incluye unos 140 kilómetros en la zona de Guandacol, Santa Elena, Zapallar, Las Cuevas y La Ciénaga, y es justamente allí donde se concentra el reclamo ambiental y jurisdiccional de la provincia vecina. El caso dejó expuesto un problema que empieza a repetirse en la minería argentina: qué pasa cuando un proyecto necesita infraestructura, rutas o controles que cruzan límites provinciales.
Empleo, proveedores y señales para la inversión
Desde San Juan advirtieron que una paralización de este tipo puede afectar empleo, contratación de empresas locales y confianza inversora, justo en una etapa sensible para el proyecto. Al mismo tiempo, en La Rioja el reclamo también está atado a una demanda concreta: que el desarrollo tenga un impacto visible en trabajo, proveedores y beneficios para las comunidades cercanas. Esa combinación volvió a poner sobre la mesa una discusión que excede a Vicuña: cómo se reparten los costos, los controles y las oportunidades cuando un proyecto minero tiene escala regional.
Un conflicto que puede escalar
Por ahora, el freno judicial volvió a tensionar la relación entre ambas provincias y dejó al proyecto en una zona de incertidumbre. Mientras San Juan busca despegarse del conflicto y sostener su posición minera, La Rioja insiste en que el paso por su territorio requiere evaluación ambiental propia y participación en las definiciones. Lo que ocurra con Vicuña en las próximas semanas puede convertirse en un antecedente importante para otros proyectos que dependen de logística interprovincial.
